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VOX Villa señala que el primer contrato con este abogado se firmó en octubre de 2009 por un plazo de ejecución de 2 años, que dicho contrato venció en octubre de 2011 siendo renovado por 2 años más hasta octubre de 2013, y que, inmediatamente después y mediante resolución de alcaldía, se tramitó un contrato menor por un plazo de 4 meses hasta febrero de 2014, mientras se suponía elaboraban el pliego de condiciones para la contratación de un nuevo despacho, como marca la ley.
«Sin embargo no hubo pliego, ni nuevo contrato, y desde el último vencimiento en febrero de 2014 hasta hoy, más de cuatro años después, los trabajos se han estado asignando, a dedo, a un abogado que factura al ayuntamiento y que cobra dichas facturas sin un contrato que las sustente» apuntan desde la formación de la oposición, que cifra en 250.000 euros los honorarios durante este tiempo.
Moción retirada del orden del día
VOX ha informado que había presentado una moción solicitando el listado de los litigios que dicho abogado despacha directamente con Jover, así como el estado de los mismos. «En dicha moción reiteramos además la petición que hace unos meses hicimos al Secretario General del Ayuntamiento, con el apoyo del resto de la oposición, para la elaboración de un informe que aclarara los términos en los que se desarrolla la defensa del alcalde por este abogado (que nos fue denegada alegando que “no procedía”) y solicitamos a la Interventora municipal que recopile toda la documentación relacionada con la contratación inicial de dicho abogado, renovaciones y posterior contrato menor, además de todas las facturas de los pagos realizados al abogado desde la finalización del contrato menor hasta la fecha actual, así como su depósito en la Fiscalía del Tribunal del Cuentas para su estudio y posible auditoría», señalan.
«Lamentablemente -continúan- nuestra moción ha sido retirada del orden del día del próximo pleno, mediante resolución del alcalde José Jover, en un nuevo intento por obstaculizar la labor de fiscalización y control de la oposición», añadiendo que se reservan el derecho de acudir nuevamente a la fiscalía «para denunciar tan graves irregularidades, por si fueran constitutivas de algún tipo de delito o falta administrativa».
Texto: VOX Villa/Redacción
